• Prestaría servicios de asesoría, defensa jurídica y representación en materia mercantil, únicamente, a personas adultas mayores y a personas en condición de vulnerabilidad
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Mediante una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado, la diputada Karina Olivas Parra (PT) propuso en el Congreso de Baja California Sur que la defensa y representación jurídica se amplíe a la rama mercantil, específicamente que represente a personas adultas mayores y en situación de vulnerabilidad.

En la sesión ordinaria del jueves 4 de junio, la legisladora expuso que una parte importante de ambos sectores carece de ingresos para contratar servicios de representación jurídica, lo cual los coloca en desventaja frente a litigios que pueden poner en riesgo su patrimonio o bienes.

Y es que señaló que la ley vigente solo contempla servicios de la Defensoría Pública del Estado orientados a las ramas penal, laboral, civil y familiar, por lo que existe un vacío normativo en la representación jurídica de personas adultas mayores y otros grupos vulnerables en asuntos mercantiles, máxime  cuando su patrimonio se encuentra amenazado.

“El Estado no puede permanecer indiferente cuando una persona adulta mayor o en situación de vulnerabilidad enfrenta sola un procedimiento que puede privarla de los bienes que constituyen su patrimonio”, aseveró Olivas Parra.

En ese sentido, mediante reformas al artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado, propone que preste “servicios de asesoría, defensa jurídica y representación en materia mercantil, únicamente, a personas adultas mayores y a personas en condición de vulnerabilidad, en los casos en que se justifique que se encuentra en riesgo su patrimonio”. 

Asimismo, se reforman los artículos 1, 6, 8, 16, 20, 23, 27 y 38 para adecuar e incorporar la rama mercantil y la atención de representación a ambos sectores de población.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación.

• Se busca que la implementación y fortalecimiento sea en coordinación con las autoridades estatales y federales competentes en la materia
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El pleno de la XVII Legislatura del Congreso de BCS aprobó exhortar a los ayuntamientos de Baja California Sur, y de manera especial al Ayuntamiento de Los Cabos, para que impulsen la implementación y fortalecimiento de sistemas de alerta temprana, tanto para sismos como en casos de inundaciones, en coordinación con las autoridades estatales y federales competentes en materia de protección civil.

Al alcance del mismo, indicó el promovente, diputado Erick Ivan Agundez Cervantes, es que se realicen las acciones necesarias para implementar y fortalecer el sistema de alerta temprana para sismos, con el objeto de contar con una medida de prevención y gestión integral del riesgo, orientada a proteger a la población, mejorar la coordinación institucional ante emergencias y disminuir las posibles afectaciones derivadas de la actividad sísmica.

El legislador planteó que, si bien ya existen esfuerzos institucionales en materia de protección civil y monitoreo meteorológico, resulta necesario fortalecer las capacidades municipales mediante la incorporación de tecnologías, protocolos de comunicación y mecanismos de difusión que permitan alertar oportunamente a la ciudadanía, especialmente en comunidades vulnerables y zonas de alto riesgo.

En contexto, recordó que las precipitaciones intensas que se presentan durante la temporada de huracanes han ocasionado que los municipios de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé hayan enfrentado históricamente inundaciones, interrupción de servicios públicos, daños en carreteras y comunidades aisladas, generando importantes costos sociales y económicos para la población y los gobiernos, razón por la cual consideró pertinente exhortar a los ayuntamientos.

Durante la discusión del tema, las diputadas Cristina Contreras Rebollo, Guillermina Díaz Rodríguez y el diputado Christian Fabrizio del Castillo Miranda expresaron su respaldo al punto de acuerdo, destacando la importancia de la prevención ante riesgos naturales, señalando que los sistemas de alerta temprana, junto con la capacitación ciudadana y la coordinación institucional, son fundamentales para proteger vidas y fortalecer la capacidad de respuesta de los municipios.

• El exhorto plantea reforzar la capacitación de diputadas y diputados rumbo al proceso electoral 2026-2027.

El pleno del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo presentado por la diputada Arlene Moreno Maciel, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo, mediante el cual se exhorta a las legisladoras y los legisladores de la XVII Legislatura de Baja California Sur a participar de manera efectiva en capacitaciones permanentes sobre violencia de género, lenguaje incluyente y no sexista.

Moreno Maciel solicita al Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres que, en coordinación con la Unidad para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, fortalezca y continúe las jornadas de capacitación dirigidas a diputadas y diputados.

La violencia política de género continúa representando un obstáculo para el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, además de señalar la importancia de combatir prácticas discriminatorias y estereotipos arraigados en los espacios públicos, señaló Moreno Maciel.

Subrayó que Baja California Sur mantiene altos índices de violencia contra las mujeres, por lo que consideró indispensable reforzar la formación institucional con perspectiva de género, especialmente de cara al próximo proceso electoral local.

En el debate del punto de acuerdo, el diputado Venustiano Pérez (MORENA) propuso que el Comité de Igualdad del Poder Legislativo actúe en consecuencia de las acciones y expresiones de violencia detectadas y en consecuencia se apliquen sanciones en la materia.

Por su parte, la iniciadora diputada Arlene Moreno Maciel aceptó la propuesta e informó que el comité de Igualdad sesionará próximamente para actuar en consecuencia.

• También propone sancionar la distribución de material audiovisual relacionado con estas conductas.

El diputado Erick Iván Agúndez Cervantes, representante del Partido Verde Ecologista de México en la XVII Legislatura, propone imponer penas de dos a seis años de prisión y multas de hasta 3 mil días a quienes realicen cualquier forma de abuso sexual contra animales, con o sin acceso carnal, mediante una iniciativa que adiciona el artículo 388 Bis al Código Penal de Baja California Sur, con el objetivo de tipificar como delito los actos de zoofilia y bestialismo.

La iniciativa establece agravantes en casos donde el animal sufra lesiones graves o pierda la vida, aumentando las sanciones hasta nueve años de prisión y multas de hasta cinco mil días.

El legislador reconoció que actualmente existe un vacío legal en la entidad en este tipo de conductas, pese a que diversos estudios internacionales y especializados relacionan la violencia contra animales con otros delitos de violencia interpersonal.

Destacó además que organismos internacionales y especialistas han advertido sobre los riesgos sanitarios y de salud pública asociados a prácticas de abuso sexual animal, incluyendo la posible transmisión de enfermedades zoonóticas.

La iniciativa también propone prohibir la posesión, producción, distribución y comercialización de material audiovisual o digital relacionado con abuso sexual animal, contemplando penas de tres a siete años de prisión. De igual forma, establece que las sanciones podrán duplicarse cuando el delito sea cometido por personas servidoras públicas en ejercicio de sus funciones o cuando exista explotación comercial de estas conductas.

Agúndez Cervantes concluyó que la propuesta busca fortalecer la protección animal en Baja California Sur y avanzar hacia un marco jurídico que permita prevenir, sancionar y erradicar prácticas de violencia contra los animales.

• Busca proteger, conservar y difundir la identidad cultural sudcaliforniana.

El diputado Christian Fabrizio del Castillo Miranda (PRI) propuso la creación de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Baja California Sur, para reconocer, proteger y promover las expresiones materiales e inmateriales que dan identidad regional a la entidad.

La propuesta crea un marco jurídico estatal para conservar tradiciones, expresiones artísticas, festividades, gastronomía, arquitectura, memoria histórica, lenguas, costumbres y formas de vida comunitaria que forman parte de la sudcalifornidad.

“Baja California Sur posee una identidad cultural única, construida a partir de sus pueblos originarios, la influencia misional, la migración y las prácticas comunitarias que se han transmitido de generación en generación”, apuntó el legislador.

La iniciativa contempla la creación de mecanismos para identificar, catalogar, investigar y difundir el patrimonio cultural del estado, además de establecer procedimientos para emitir declaratorias de protección sobre bienes, espacios, zonas y manifestaciones culturales.

La nueva ley establece la participación de autoridades estatales, ayuntamientos, organismos culturales, comunidades, artistas, portadores de saberes tradicionales, instituciones académicas y organizaciones civiles en la conservación del patrimonio sudcaliforniano.

Busca que la cultura sudcaliforniana sea reconocida como un legado vivo, fuente de orgullo, cohesión social y desarrollo con identidad para las generaciones presentes y futuras.

“Los símbolos, edificaciones, mitos e historias, rituales o prácticas colectivas, e incluso, personajes heroicos son referentes culturales que se convierten en un patrimonio; es decir, el patrimonio cultural que es importante salvaguardar y dar a conocer al llenarnos de orgullo por ser algo que nos representa”, determinó Del Castillo Miranda.