• Abasto de medicamentos, una nueva máquina de hemodiálisis, más personal médico y de enfermería, una ambulancia y la renovación de las Caravanas de Salud, entre los temas prioritarios.

Mulegé, B.C.S. La salud de las familias de Mulegé requiere atención permanente y soluciones concretas. Por ello, la diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez sostuvo una mesa de diálogo con directivos y administradores de IMSS-Bienestar en el Hospital General de Santa Rosalía, para dar seguimiento a necesidades prioritarias del municipio.

Durante el encuentro se abordó el abasto de medicamentos y la necesidad de que en el Presupuesto de Egresos 2027 se contemple la adquisición de una segunda máquina de hemodiálisis, acompañada del personal especializado necesario para su operación.

Asimismo, se planteó la contratación de médicos y personal de enfermería, la adquisición de una nueva ambulancia y la renovación de las caravanas de la salud, fundamentales para acercar atención médica a las comunidades más alejadas.

La legisladora mulegina enfatizó que el objetivo es claro: que la distancia no sea una barrera para acceder a servicios de salud dignos y oportunos.

Valentín Vázquez afirmó que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades de salud,  dando seguimiento puntual a cada planteamiento, ya que,  gestionar también significa acompañar los procesos hasta que las necesidades se conviertan en respuestas para las familias de Mulegé.

• Del mismo modo, se buscará exhortar a la persona titular de la Fiscalía Federal en BCS para que, por medio de sus Fiscalías en Los Cabos, investigue e integre la carpeta de la realización ilícita de obras en el Área Natural Protegida (ANP) Sierra La Laguna

La XVII Legislatura del Congreso del Estado de BCS, turnó a la Comisión Permanente de Ecología, el punto de acuerdo presentado por la diputada Lupita Saldaña Cisneros, mediante el cual, se busca exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a que apliquen el Acuerdo de Escazú, la LGEEPA y su Reglamento en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental, a efecto de que nieguen a Hermandad en Armonía, las autorizaciones de impacto ambiental de los Proyectos “UMA Centro de Educación, Investigación y Conservación Ambiental (CEICA)” y “Restauración Integral de Instalaciones para la Preservación y Monitoreo de la Reserva de La Biosfera Sierra La Laguna”.

El punto de acuerdo precisa que el exhorto llegue a la titular de SEMARNAT, Alicia Bárcena Ibarra y a la titular de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, de dicha dependencia, Marlene Maldonado Trujillo, para que suspendan la evaluación de ambos proyectos mencionados con anterioridad, hasta que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) resuelva lo conducente, sancione a Hermandad en Armonía y la obligue, entre otras cosas, a regularizarse en la Oficina de Representación de la SEMARNAT en Baja California Sur.

En su exposición de motivos, la promovente, diputada Lupita Saldaña Cisneros, manifestó que el punto de acuerdo atiende a una preocupante situación, toda vez que en el proyecto “CEICA”, la evaluación de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) modalidad regional y particular no fue procedente.

“No debemos permitir que intereses políticos y económicos se sobrepongan al interés superior de conservar y proteger el medio ambiente, la biodiversidad, sus servicios ambientales y el derecho humano de todos y todas a disfrutarlos en el presente y hacia el futuro”, concluyó, Saldaña Cisneros.

• Busca afinarla ley con reglas claras y operativas.

A fin de armonizar algunas disposiciones, así como precisar la coordinación institucional fue reformada la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado (LEEyPMA) de Baja California Sur.

Las modificaciones están orientadas a precisar atribuciones, fortalecer la coordinación entre autoridades y facilitar su aplicación, estableció el dictamen de la Comisión de Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales aprobado por el pleno del Congreso de BCS este 15 de septiembre de 2026.

Entre las principales adecuaciones aprobadas destaca que se determinan las facultades del Estado para evaluar el impacto y riesgo ambiental de obras o actividades que no estén reservadas a la Federación y, en su caso, la expedición de las autorizaciones correspondientes. Antes estas eran acotadas, no consideraban el riesgo ambiental.

También se acotan las atribuciones de los ayuntamientos en la participación de la evaluación del impacto ambiental de obras o actividades de competencia estatal, que se realicen en territorio municipal y que puedan alterar el equilibrio ecológico.

Condiciona el otorgamiento de autorizaciones para el uso del suelo y de las licencias de construcción u operación al resultado satisfactorio de evaluaciones.

También precisa con claridad en el artículo 33 que “Ninguna autoridad estatal o municipal podrá autorizar obras, usos de suelo o actividades incompatibles con los lineamientos, estrategias y criterios ecológicos vigentes”.

Se fortalece la participación ciudadana ya que las autoridades ambientales deberán realizar consultas públicas cuando las obras o proyectos puedan causar un impacto al ambiente.

La iniciativa fue presentada por el Diputado Erick Agundez Cervantes (PVEM) y respaldada por la Comisión de Ecología, Medio Ambiente y Recursos Naturales. Busca afinar la ley con reglas claras y operativas.

• La propuesta contempla penas de hasta 11 años de prisión para quienes faciliten tabaco, vapeadores o cigarrillos electrónicos a personas menores de 18 años.
Con el propósito de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente al consumo de productos que generan dependencia y afectan su bienestar, la diputada Karina Olivas Parra, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 169 del Código Penal para el Estado de Baja California Sur.
La iniciativa plantea que a quien propicie, inicie, induzca, procure, obligue o facilite a una persona menor de 18 años el consumo de tabaco, cigarrillos electrónicos, vapeadores u otros sistemas análogos con nicotina o sustancias perjudiciales, se le imponga una pena de cuatro a once años de prisión y de 500 a mil 200 días multa.
Con ello, se busca incorporar como conducta relacionada con la corrupción de personas menores de edad la inducción, incitación, suministro o facilitación del consumo de tabaco, cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás dispositivos análogos que contengan nicotina u otra sustancia nociva para la salud.
De acuerdo con datos citados en la iniciativa, en Baja California Sur, la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017 registró una prevalencia de fumadores actuales de 3.7% entre mujeres adolescentes de 12 a 17 años y de 4.1% entre hombres del mismo rango de edad. Asimismo, se estimó que 5 mil 240 adolescentes habían probado alguna vez un cigarrillo electrónico y mil 316 lo utilizaban al momento de la encuesta.
La legisladora puntualizó que la intención no es criminalizar a las juventudes, sino dirigir la responsabilidad hacia quienes deliberadamente promuevan o faciliten el contacto con estos productos.
Karina Olivas Parra mencionó que las acciones preventivas, educativas y sanitarias deben continuar y fortalecerse, pero también complementarse con herramientas jurídicas que respondan a las nuevas formas de acercamiento de productos adictivos a niñas, niños y adolescentes.

•   Se adiciona una fracción al artículo 228 ter del Código Penal del Estado, en la que se prevén los supuestos en casos de desmantelamiento o comercialización; enajenación, alteración o reproducción de la documentación, entre otros

El pleno de la XVII Legislatura del Congreso del Estado de BCS aprobó el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, integrada por el diputado Eduardo Van Wormer Castro, presidente; diputado Fernando Hoyos Aguilar y diputado Sergio Guluarte Ceseña, secretarios, en materia de robo de vehículo arrendado.

Dentro de las consideraciones, la comisión dictaminadora analizó y determinó que la problemática que aqueja a las arrendadoras de vehículos en BCS y en varios estados de la República es que el marco normativo no contempla dentro del delito de robo equiparado las hipótesis relativas a las unidades vehiculares de alquiler, es decir, que actualmente la legislación encuadra el ilícito en el delito de abuso de confianza.

Añadió que, con la aprobación de la reforma a la legislación, se auxiliará sobremanera a los Ministerios Públicos del Estado en la investigación y persecución de los supuestos jurídicos que se proponen, que como actos delictivos suceden actualmente y se derivan del robo de un vehículo de alquiler.

Cabe señalar que la iniciativa fue propuesta por la diputada Karina Olivas Parra (PT), la cual incorpora diversas hipótesis del ilícito en el Código Penal estatal, debido a que la legislación vigente, dentro del delito de robo equiparado, no contempla las hipótesis relativas a los vehículos de arrendamiento.

Es de recordar que la propuesta emanó de diversas arrendadoras de vehículos asentadas en el Estado; durante la legislatura pasada, el diputado Luis Armando Díaz (PT) realizó mesas de trabajo que derivaron en la presentación de una iniciativa en la materia; sin embargo, se emitió un dictamen, pero no se concluyó el proceso legislativo.