Por Joel Vargas Aguiar
Hace una semana quedó conformada la Comisión Especial para la Reforma Electoral de Baja California Sur del Congreso del Estado de BCS, que integran las diputadas Marbella González Díaz (FXM), María Luisa Ojeda González (PRD), Paz del Alma Ochoa Amador (PRI), Guadalupe Vázquez Jacinto (MORENA) y los diputados Rigoberto Mares Aguilar (PAN) y Christian Agúndez Gómez (PT).
Con ello, la XVI Legislatura en principio manda un buen mensaje pues estaríamos en la posibilidad de consolidar reglas precisas y claras que pongan fin a las lagunas legislativas con las que actualmente padece nuestro marco jurídico en materia político-electoral, que han dado pie a que las y los Consejeros del Instituto Estatal Electoral tomen las decisiones para cubrir estas lagunas.
Decisiones que, en muchos casos, han modificado abruptamente las decisiones al interior de los partidos políticos, candidatas y candidatos que, entre otras consecuencias, han derivado en múltiples controversias que se dirimen en los tribunales electorales.
La Reforma es necesaria y urgente, pero no cualquier Reforma. La que requiere sudcalifornia debe ser ante todo una Reforma profunda y absolutamente Ciudadana, que permita la participación mucho más activa y directa de las y los ciudadanos y comunidades de todo el estado, incluyendo desde luego, los que tradicionalmente menos son tomados en cuenta por la autoridad y partidos políticos, que no sea, como en otras ocasiones, solo un “maquillaje” a la Ley Electoral, por conveniencia del partido político que detenta mayoría momentánea en el seno del H. Congreso ni tampoco que corra la suerte de la reforma que a nivel federal propuso el Presidente de la República: nuestro estado tiene particularidades y circunstancias específicas. No debe ser un símil de aquella. Una Reforma que, dentro de los criterios jurisprudenciales, no encasille ni limite a Distritos Electorales Locales, a Municipios, a Partidos Políticos, pero principalmente a las y los CIUDADANOS ya sea en candidaturas ciudadanas o al interior de institutos políticos. Una Reforma que no distinga entre ciudadanos del norte de los del sur del estado, que ante todo busque el equilibrio en las condiciones político-electoral de los habitantes de municipios pujantes con los que no, para con ello, tener equilibrio en las decisiones sobre las políticas públicas gubernamentales.
Por lo pronto, las y los diputados de la Comisión han dado a conocer un calendario con dos etapas que nos parece demasiado tiempo para la presentación del Dictamen respectivo, que según se ha informado sería en el mes de mayo del próximo año 2023 lo que impediría una discusión profunda para su aprobación, deseamos que no sea a “fast track” pues deberá aprobarse, en términos de la Constitución, 90 días antes del inicio del periodo electoral 2023-2024.
Se dice que, en su primera etapa la Comisión propone (ya veremos) una gran consulta con sectores, organizaciones, especialistas y la ciudadanía en general, es en esta última en la que verdaderamente encontrará su verdadera validación sin sectarismo ni imposición. Que sea pues una REFORMA ELECTORAL CIUDADANA, eso es lo que esperamos de las y los diputados.
* El autor es Secretario de Organización y Acción Política de Movimiento Ciudadano en BCS
