Mes: abril 2026

·                   La iniciativa plantea incorporar tipos de violencia, obligaciones para la familia y facultades a los sistemas DIF para desarrollar programas de capacitación a familiares

A fin de reforzar y asegurar los derechos y dignidad de las personas adultas mayores en Baja California Sur, el diputado Sergio Polanco Salaices propuso reformar y adicionar la Ley de Derechos de Adultos Mayores.

La propuesta incorpora tipos de violencia en contra de adultos mayores, tales como la psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, institucional y cualquier otra forma que dañe la dignidad, integridad o libertad de las personas adultas mayores.

Añade entre sus derechos el “Del Patrimonio y la Certeza Jurídica”, en el que establece la obligación de las autoridades responsables de garantizarles real acceso a la justicia de manera pronta, completa e imparcial, en cualquier procedimiento administrativo o judicial; contar con asesoría jurídica gratuita y con un representante legal cuando lo requiera.

En el caso del consentimiento que otorguen respecto a la disposición de bienes de su propiedad, para que sean válidas, deberán ser explicadas las consecuencias en forma amplia, completa y sin tecnicismos.

Se establece que la familia tiene las obligaciones de habitación, protección permanente, atención médica y medicamentos, mantener su higiene personal, vigilar y cumplir los controles médicos, así como atender sus necesidades psicoafectivas cuando se encuentren en alguna institución para su cuidado.

Determina que en ningún caso los familiares podrán abandonarlos y dejarles a cargo de la institución sin mantener los lazos familiares; evitar actos de discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia o actos jurídicos que pongan en riesgo su persona, bienes y derechos.

En tanto, al DIF le faculta para desarrollar programas de capacitación para  familiares y cuidadores. El iniciador comentó que la propuesta se trabajó con el Sistema Estatal DIF. Fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas Con Discapacidad.

• Propone el nombre de “Rotonda de las Sudcalifornianas y Sudcalifornianos Ilustres”

Con el objetivo de fortalecer la igualdad sustantiva y visibilizar el papel histórico de las mujeres en la entidad, la diputada Arlene Moreno Maciel (PT) presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversas disposiciones de la Ley de Símbolos y Protocolos Oficiales del Estado de Baja California Sur.

La propuesta plantea adecuar la denominación de la actual Rotonda de los Sudcalifornianos Ilustres, a fin de que se reconozca de manera explícita la contribución de las mujeres sudcalifornianas, proponiendo el nombre de “Rotonda de las Sudcalifornianas y Sudcalifornianos Ilustres”.

Durante la exposición de motivos, la legisladora destacó que, si bien a lo largo del tiempo se han logrado avances importantes en materia de derechos de las mujeres, aún persisten brechas de desigualdad que deben ser atendidas desde todos los ámbitos, incluyendo el reconocimiento público y simbólico en los espacios de memoria histórica.

Moreno Maciel recordó que la Rotonda de los Sudcalifornianos Ilustres, instaurada desde 1985, ha sido un espacio emblemático para honrar a figuras destacadas de la entidad; sin embargo, señaló que la presencia femenina en este recinto es limitada, lo que evidencia una omisión histórica en el reconocimiento de las aportaciones de las mujeres en la construcción del estado.

La diputada  subrayó que esta iniciativa no busca modificar el procedimiento para otorgar la declaratoria de persona ilustre, sino corregir una desigualdad simbólica, incorporando un lenguaje incluyente que refleje los principios de igualdad establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y tratados internacionales como la CEDAW.

La iniciativa fue turnada por la mesa Directiva a la Comisión de Igualdad de Género.

• Se reforman los artículos 102, 103, 105 y 107 y se adicionan los artículos 102 Bis, 102 Ter, 102 Quarter, todos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur

Con el objeto de establecer un espacio permanente de participación social que permita dar seguimiento a las etapas de planeación, contratación, ejecución y evaluación de las obras públicas realizadas con recursos estatales y, en su caso, municipales; así mismo, para contribuir con la difusión de información accesible para la ciudadanía, promover buenas prácticas de integridad pública y fortalecer la confianza entre Gobierno y sociedad, el Congreso de BCS aprobó la creación e instalación del Observatorio Ciudadano de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas en BCS.

En consecuencia el Congreso del Estado por medio de las comisiones permanentes de Transparencia y Anticorrupción y de Infraestructura, emitirán una convocatoria pública para elegir a los integrantes del observatorio referidos en la fracción VII del artículo 103 de dicha ley y una vez concluida dicha selección, las comisiones permanentes de Transparencia y Anticorrupción y de Infraestructura, solicitarán por escrito a las organizaciones e Instituciones designen a sus representantes a fin de concluir la conformación e instalación del observatorio ciudadano.

En cuanto a las atribuciones de quienes integren el Observatorio, su participación será honorífica, por lo que no recibirán retribución económica alguna por las funciones que desempeñen con tal carácter, precisando además que el Observatorio no sustituirá las facultades de fiscalización de las autoridades competentes, sino que complementa los mecanismos institucionales existentes mediante la observación social, por órganos y colegios especializados.

En tal sentido, las comisiones dictaminadoras consideraron procedentes las reformas y adiciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de BCS al coincidir que es un espacio permanente de participación social, que permitirá el análisis y la emisión de recomendaciones que coadyuven a mejorar la calidad de la infraestructura pública.

• “El campo mexicano y sudcaliforniano no pueden ser castigado; quienes trabajan la tierra y sostienen la economía rural merecen certeza jurídica y no persecución”, Diputado Fabrizio del Castillo Miranda

Le pleno de la XVII Legislatura aprobó exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que en el ámbito de sus atribuciones, revise e informe al Congreso del Estado de BCS y a la población en general, sobre el estado que guardan los procesos de liquidación de cartera de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), así como los mecanismos de transferencia y administración de su cartera al Instituto para devolver al pueblo lo robado (INDEP).

Del mismo modo, el exhorto le solicita a la SHCP que, en coordinación con el INDEP, se detengan las prácticas de embargo que vulneren derechos de pequeños productores del Estado, se informe sobre los mecanismos para garantizar la devolución inmediata de garantías a quienes ya han cumplido con sus obligaciones y se establezcan mecanismos de conciliación justos, humanos y accesibles para los acreditados, que permitan consolidar procesos de recuperación efectivos y razonables.

Lo antes expuesto deriva de una sentida petición expuesta al diputado Christian Fabrizio del Castillo Miranda, por parte de productores y acreditados del sector rural para que el Gobierno Federal, transparente el destino de los recursos que administró la FND; Revise e informe sobre los procesos de liquidación y transferencia de cartera al INDEP; Detenga las prácticas de embargo contra pequeños productores; Asegure la devolución inmediata de garantías a quienes ya han cumplido con sus obligaciones y; Establezca los mecanismos de conciliación justos, humanos y accesibles para los acreditados.

Del Castillo Miranda explicó que las afecciones manifestadas son el resultado de la extinción de la FND en mayo de 2023, generando incertidumbre jurídica, rezagos administrativos y dificultades en el acceso a información que pone en riesgo a las familias mexicanas y sudcalifornianas, riesgo y afecciones que se extendieron a embargos con rigor excesivo por encima de esquemas justos de regularización de pequeños productores y familias mexicanas.

• La denominada Ley Valeria propone penas de uno a cuatro años de prisión y hasta 400 días de multa en BCS.

La diputada Karina Olivas Parra (PT) propuso que el acecho sea considerado como un delito penal específico, tipificándolo en el Código Penal para sancionar conductas reiteradas de vigilancia, seguimiento, contacto no deseado o intimidación, tanto de manera presencial como a través de medios digitales. La denominada Ley Valeria propone penas de uno a cuatro años de prisión y hasta 400 días de multa en Baja California Sur.

La diputada afirmó que la propuesta busca cerrar vacíos legales y definir con claridad las conductas que constituyen el delito, “Esta ley representa un mensaje muy claro: que ninguna mujer vuelva a escuchar pasos detrás y pensar que la ley no la acompaña. El acecho es una advertencia que el Estado no puede ignorar, reconocerlo como delito es también prevenir el feminicidio”, sentenció en tribuna. 

Refirió que hasta antes de esta reforma, el acecho no estaba reconocido como delito autónomo en la legislación federal, lo que obligaba a las autoridades a intentar encuadrarlo en figuras como amenazas, hostigamiento o acoso sexual, dificultando su investigación y sanción.

Insistió en que legislar el tipo penal en BCS es una respuesta urgente ante la insuficiencia del marco legal actual para detener a agresores que, mediante una vigilancia obsesiva, destruyen la paz mental de sus víctimas antes de llegar a la agresión física.

La propuesta también considera “Acecho” cuando el agresor ingrese sin autorización al domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro espacio donde se encuentre la víctima. 

Propone también que la pena aumente hasta en una mitad más, si la víctima es menor de edad, adulta mayor o persona en situación de vulnerabilidad o exista una relación de poder o confianza entre agresor y víctima.

La iniciativa nace del caso de la maestra regiomontana Valeria Macías, quien padeció el acoso digital y presencial por parte de un alumno durante más de cinco años, caso en el que las autoridades no pudieron actuar, pese a las evidencias mostradas, por no haber sido agredida físicamente y al no existir la figura de acecho en el Código Penal.

Hasta el momento, en el país, 9 congresos estatales ya han tipificado el acecho dentro de sus legislaciones penales (Guanajuato, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Colima, Guerrero y Oaxaca) y recientemente fue aprobada por la Cámara de Diputados.

Fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación.

• La  propuesta del diputado Erick Agundez (PVEM) plantea que las autoridades educativas deben implementar protocolos de actuación para la prevención y atención de la violencia en el entorno escolar

Con el propósito de armonizar la legislación estatal con el marco normativo federal en materia educativa, el diputado Erick Iván Agúndez Cervantes, representante del Partido Verde Ecologista de México en la XVII Legislatura, presentó una Iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Baja California Sur.

La propuesta responde a las reformas recientes a la Ley General de Educación publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2026, las cuales establecen la incorporación transversal de la perspectiva de género, el fomento a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como la implementación de acciones para prevenir y atender la violencia en los entornos educativos.

El legislador destacó que resulta necesario actualizar el marco jurídico estatal para garantizar una educación inclusiva, equitativa y con enfoque de derechos humanos.

Entre los principales cambios propuestos, contempla fortalecer el combate a la discriminación y a las violencias, especialmente las que afectan a niñas, niños, adolescentes y mujeres; incorporar la perspectiva de género de manera transversal en los procesos educativos; y promover el derecho a una vida libre de violencias dentro de la comunidad escolar.

Agundez Cervantes planteó que las autoridades educativas deben implementar protocolos de actuación para la prevención y atención de la violencia en el entorno escolar, incluyendo mecanismos para la detección oportuna, la atención de casos de hostigamiento y acoso sexual, así como la resolución pacífica de conflictos.

La iniciativa también contempla el fortalecimiento de políticas incluyentes, con enfoque diferenciado y de género, orientadas a garantizar el acceso, permanencia y continuidad de los estudios, especialmente en grupos en situación de vulnerabilidad. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Asuntos Educativos para su dictamin

• Los equipos deportivos deberán acreditar que al menos dos de sus integrantes cuenten con capacitación en calidad de primeros respondientes

Equipos deportivos que participen en torneos, ligas o competencias organizadas por autoridades estatales y/o municipales estarán obligados a contar con al menos dos integrantes capacitados en materia de primeros auxilios básicos, en calidad de primeros respondientes, tras la aprobación del dictamen sobre iniciativa impulsada por la diputada Karina Olivas Parra, la cual adicionará el artículo 53 Bis a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado.

A partir de la aprobación, al menos dos miembros de cada equipo, ya sea deportistas o parte del cuerpo técnico, deberán contar con la capacitación en comento, con el fin de atender emergencias durante encuentros deportivos, especialmente en ámbitos amateur y comunitario donde no siempre hay servicios médicos inmediatos. De acuerdo con el dictamen, la falta de atención oportuna ante lesiones o incidentes puede derivar en complicaciones graves, por lo que se busca establecer un mecanismo básico de prevención que permita actuar en los primeros minutos, considerados clave en situaciones de emergencia.

La capacitación deberá ser avalada por instituciones como Protección Civil, Cruz Roja Mexicana u organismos autorizados, mientras que las direcciones municipales del deporte serán responsables de verificar el cumplimiento de este requisito antes del registro de los equipos en competencias oficiales.

Quienes integran la comisión de estudio señalaron que la reforma responde a una necesidad real en la entidad, donde el crecimiento de actividades deportivas y la alta participación ciudadana contrastan con la limitada cobertura de servicios de emergencia en todos los eventos, así mismo, el papel fundamental de los primeros auxilios en el deporte y por ello, la búsqueda del bien jurídico tutelado en la reforma aproboda se destaca que la medida no implicaría impacto presupuestario, ya que se apoyaría en capacidades institucionales ya existentes para la capacitación de los participantes.

En la discusión del tema, la promovente destacó que el deporte es importante pero conlleva riesgos, por lo que la capacitación en primeros auxilios, así como el establecer protocolos de emergencia, son primordiales ante una realidad en la que no hay ambulancias disponibles para cada evento deportivo, razón por la cual la capacitación se vuelve fundamental a fin de proteger a los deportistas y dar mayor tranquilidad a las familias.

Por su parte el diputado Erick Ivan Agundez Cervantes celebró la propuesta que promueve la capacitación, prevención y educación, y reconoció a quienes la impulsaron, mostrando su total respaldo a una iniciativa enfocada en la prevención y la seguridad en eventos deportivos, destacando que la salud debe abordarse de forma integral.