Mes: octubre 2025

El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó la entrega de reconocimientos y premios a las y los ganadores del Décimo Séptimo Premio Nacional de Contraloría Social 2025, etapa estatal. El certamen distingue las mejores prácticas de comités ciudadanos que observan el correcto desempeño de las administraciones públicas y la adecuada aplicación de los programas sociales.

Acompañado por la Contralora General del Estado, Rosa Cristina Buendía Soto, el mandatario estatal destacó que estos procesos de participación fortalecen la participación ciudadana, ya que son las propias comunidades quienes presentan propuestas de mejora y acciones de vigilancia que promueven la transparencia y combaten la corrupción.

En la primera categoría “Acciones de los Comités”, el proyecto denominado Comité Colina de la Cruz recibió el primer lugar, con un premio de 15 mil pesos; el segundo sitio fue para el Comité Ciudad del Cielo; con 10 mil pesos; y el tercer lugar para Mujeres Emprendedoras de Baja California Sur; con un premio de 8 mil pesos.

Por su parte, en la segunda categoría de “Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública”, se reconoció al primer sitio del proyecto titulado “Capitán”, con 15 mil pesos; el segundo, para Justiciero Urbano, con 10 mil pesos; y el tercero, para el Proyecto de Compensación Ambiental Ejido Alfredo V. Bonfil, con 8 mil pesos.

Cabe mencionar que las propuestas ganadoras representarán a Baja California Sur en la fase nacional, coordinadas por la Comisión Permanente de Contralores Estados–Federación.

Al finalizar la premiación, el gobernador Víctor Castro reiteró su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan la transparencia y el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno.

La Paz, BCS.– En un acto de transparencia y rendición de cuentas, el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur llevó a cabo la Sesión Solemne del Pleno Conjunto del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial de Baja California Sur, en el marco de la presentación del Informe de Actividades correspondiente al periodo 2024-2025, encabezado por la Magistrada Presidenta, Mtra. Claudia Jeanette Cota Peña.

Durante la ceremonia, la Magistrada Presidenta hizo entrega formal del Informe del Estado que guarda la Administración de Justicia y el Ejercicio Presupuestal al Gobernador Constitucional del Estado, Prof. Víctor Manuel Castro Cosío, así como a la Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, Diputada María Cristina Contreras Rebollo, en representación de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, respectivamente.

El evento contó con la presencia de distinguidas autoridades de los tres niveles de gobierno, representantes de organismos autónomos, instituciones académicas, colegios de profesionistas, asociaciones civiles, juezas, jueces y personal jurisdiccional y administrativo de los diferentes Partidos Judiciales de la entidad.

En su intervención, la Magistrada Presidenta Claudia Jeanette Cota Peña destacó que este informe refleja los avances, logros y retos asumidos por el Poder Judicial durante el último año, orientados al fortalecimiento institucional, la modernización de los procesos, la capacitación constante y el acceso efectivo a la justicia para todas las personas.

Asimismo, subrayó que el compromiso de quienes integran el Poder Judicial es seguir construyendo una institución sólida, transparente, cercana y humana, guiada por los principios de legalidad, imparcialidad y vocación de servicio hacia la ciudadanía sudcaliforniana.

Con unidad y trabajo conjunto, el Poder Judicial del Estado de Baja California Sur reitera su firme convicción de continuar consolidando una justicia eficiente, moderna y con rostro humano, en beneficio de la sociedad.

• La inactiva proponetipificar como conductas delictivas, todas aquellas que ponen en peligro la vida de las y los menores, al inducirlos a efectuar actos que los ponen en un potencial riesgo de gravedad

Con el objeto de inhibir todas aquellas conductas que pongan en peligro la vida de las y los menores, al inducirlos a efectuar actos que los ponen en un potencial riesgo de gravedad, la diputada Karina Olivas Parra propuso iniciativa que busca adicionar el artículo 148 Bis al capítulo IV del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de BCS.

Olivas Parra, precisó que lo que busca plasmar en la legislación es, equipar al delito de Inducción al Suicidio, el que por medio de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, redes sociales, correo electrónico, videojuegos o cualquier espacio digital, o de forma directa y personal, se induzca a niñas, niños o adolescentes, a realizar retos o desafíos virales que notoriamente pongan en riesgo su vida, o faciliten ideas, mecanismos o herramientas para terminar con ésta, por lo que, se sancionará conforme a lo establecido en el artículo 148, independientemente de las penas que correspondan por cualquier otro hecho delictuoso, que resulte cometido al mismo tiempo o con motivo de ellos.

“Es necesario que como legislatura prevengamos a aquellas personas que fomenten e induzcan a estas malas prácticas, combatiéndolas y sancionándolas con penas fuertes; no debemos de esperar a que la tendencia nos alcance. Podemos prevenir y sancionar a quienes incurran en estas lacerantes conductas”, sentenció.

La promovente concluyó al precisar que lo anterior atiende a los alarmantes datos oficiales arrojados por la UNICEF México, en donde se estima que el 45% de adolescentes de entre 13 y 17 años han participado en, al menos, un reto viral peligroso, pues la presión de personas cercanas o que admiran y el miedo a quedarse fuera de tendencias o ser excluido socialmente impulsa a imitar comportamientos que implican riesgos, así como, que en 2025, el acceso a internet en niños y jóvenes mexicanos incrementó en adolescentes de 12 y 17 años, y jóvenes de 18 y 24 años, con porcentajes de uso que superan el 95% y 97% respectivamente.

• El Gobierno del Estado y ayuntamientos contarán con una Dirección de Atención para Personas Indígenas y Afromexicanas

El Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó de manera parcial las observaciones formuladas por el Titular del Poder Ejecutivo al decreto 3162, por el que se expidió la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de Baja California Sur.

En sesión pública, el Pleno respaldó el dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos y de Puntos Constitucionales y de Justicia, donde se determinó aceptar modificaciones que fortalecen el marco jurídico sin comprometer la viabilidad financiera del Estado.

En lugar de la Comisión Estatal originalmente planteada, se establecerá una Dirección de Atención para Personas Indígenas y Afromexicanas, adscrita a la Secretaría General de Gobierno, los Ayuntamientos contarán también con una dirección, con la finalidad de elaborar políticas públicas e instrumentar las obligaciones que establece esta ley, para mejorar la calidad de vida de las personas indígenas y afromexicanas en el Estado.

El diputado Martín Escogido Flores, presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Afromexicanos, explicó que  si bien es esencial garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, debe hacerse con responsabilidad financiera, por lo que se optó por crear una instancia operativa dentro de la estructura existente del gobierno estatal, con atribuciones claras y capacidad de coordinación con los municipios y dependencias estatales.

La titularidad de la dirección estará a cargo de una persona indígena o afromexicana que haya destacado en beneficio y a favor de las causas de los grupos vulnerables, quien será designada por quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado.

El Congreso del Estado refrenda su compromiso con los derechos humanos, el respeto a la diversidad cultural y el fortalecimiento institucional bajo los principios de legalidad, eficiencia y sostenibilidad.

Además, con el objeto de promover el reconocimiento, la preservación y defensa de los derechos y cultura de las personas, los pueblos y comunidades indígenas en el Estado, el 9 de agosto de cada año se celebrará el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, con diversas actividades a cargo de las dependencias de la administración pública estatal y municipales de BCS.

• Guadalupe Vázquez Jacinto y su homólogo Sergio Polanco Salaices, presentaron iniciativa que pretende subsanar la deficiencia estructural en el sistema de designación de la función notarial en el Estado, porque claramente la participación de las mujeres en dicha función resulta muy reducida

Cuando estuviere vacante una notaría o fuera de nueva creación, el Gobierno del Estado publicará un aviso en el Boletín Oficial, convocando a los aspirantes al ejercicio del notariado que pretendan obtener el nombramiento de notario y, en la expedición de las convocatorias se observará el principio de paridad de género, estableciendo las acciones afirmativas que se consideren necesarias para erradicar la desigualdad en el número de patentes otorgadas a hombres sobre las mujeres.

Así versa la iniciativa con proyecto de decreto presentada hoy ante el pleno por los diputados Guadalupe Vázquez Jacinto y su homólogo Sergio Polanco Salaices, que implica reformar el primer párrafo del artículo 12 A y el primer párrafo del artículo 12 B ambos a la Ley del Notariado del Estado de Baja California Sur.

Esta iniciativa lleva como propósito principal, generar condiciones normativas que fortalezcan los derechos de las mujeres y en particular garantizar el acceso de las mujeres profesionales del derecho a esta importante función profesional que el ejercicio del notariado.

Al subir a tribuna en sesión ordinaria de este jueves 16 de octubre, la diputada Guadalupe Vázquez Jacinto, enfatizó que, “como legislatura, se deben adoptar las medidas necesarias para lograr que se asegure el desarrollo de la mujer en igualdad de condiciones con el hombre y la eliminación de cualquier forma de discriminación contra la mujer, y en el caso particular generar un equilibrio en la participación de la mujer en la función notarial que como ya se señaló en Baja California Sur, es evidente dicha deficiencia estructural”, arguyó desde tribuna.

Actualmente, en Baja California Sur, se cuenta con 34 notarías, en las cuales solo 6 son titulares mujeres y en los 26 restantes sus titulares son hombres, ciertamente otras 6 mujeres ejercen la función como notarias adscritas, sin embargo, la titularidad solo recae en 6 mujeres de las 34 existentes, que en términos porcentuales representan el 5.6 por ciento. En ese sentido, desde ahora, la iniciativa estará siendo analizada por las comisiones unidas de Asuntos Fiscales y Administrativos e Igualdad de Género.